Declaraciones peligrosas

Las declaraciones del gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, respecto a bajar la imputabilidad de delitos a menores de 14 años, si no fueron irresponsables, al menos se las pueden considerar imprudentes. Decir que los chicos son los culpables de la inseguridad en el territorio bonaerense es una barbaridad.

Evidentemente el gobernador, con tantas preocupaciones, no advirtió que el contexto en que suceden algunos hechos de violencias que tanto conmueven, están en el marco de la situación violenta que la propia sociedad adulta ha generado. Los chicos practican las mismas reglas de juego que como comunidad se ha instalado. Los menores, en realidad, son víctimas. Estos adolescentes a los que el gobernador Scioli quiere imputar, son, nada más ni nada menos que hijos de la crisis de 2001, cuando vieron como sus familias eran destruidas, excluidas de todo circuito social, cercadas en villas donde el hambre y el sálvese quien puedan se transformaron en el común denominador.

Hasta ahora las políticas aplicadas en relación a los chicos han sido para estigmatizarlos, cuando en realidad lo que hay que hacer es hablarles con su lenguaje. Los jóvenes de entre 14 y 25 años no creen en la política ni en las instituciones, están perdidos en las esquinas, la pasan muy mal, y por eso es necesario rescatarlos, no enviarlos a la cárcel.

Las declaraciones del máximo responsable del territorio bonaerense no fueron felices. Antes de hablar como lo hizo debería revisar las políticas sociales implementadas; el accionar de las fuerzas de seguridad; la función de la Justicia y el tratamiento del tema en los medios periodísticos. No es hablando ni colocando un 0800 para que llamen los niños que se va a solucionar este tema, sino con coherencia y trabajando juntos el Estado, la sociedad civil y el sector privado.

Ordenanza, ¿para qué?

La aceptación de una norma significa su efectivo cumplimiento porque ello implica que se está llevando a adelante la aplicación de esa regla. La introducción viene al caso porque, a modo de antítesis, hace muy pocos días fue presentada en nuestra ciudad la muestra de Animal Planet, en donde fue posible observar los más diversos anfibios, reptiles y arácnidos que estuvieron en exhibición en el Piso de los Deportes del Club Rivadavia. Sin dudas este espectáculo que atrajo a tanta gente estuvo debidamente habilitado por la comuna.

No obstante, vale recordar que desde hace unos años fue sancionada por unanimidad una ordenanza que prohíbe la exhibición de animales en cautiverio en todo el distrito de Necochea.

Un concejal oficialista admitió la existencia de la ordenanza, pero se defendió diciendo que “nunca la reglamentamos”. Se supone que este fue el argumento utilizado por el Departamento Ejecutivo para autorizar la presencia de Planeta Animal en nuestro medio. Empero la excusa no es válida porque la ordenanza es el marco de la norma, y, en este caso, no permite la exposición de ningún tipo de animales.

Esta iniciativa fue votada por unanimidad en el Concejo Deliberante, luego de la presentación de entidades defensoras de los animales ante la llegada a Necochea de un circo. Por esta norma el espectáculo circense no continuó.

Si en esa oportunidad los animales no pudieron ser exhibidos, ¿por qué ahora sí? es la pregunta obligada… como si fuera poco, en los afiches y publicidades de los distintos medios de comunicación, se destacó el auspicio de la Municipalidad de Necochea.

La ordenanza lleva el número 5951/07 y fue modificada por su similar 6262/08 que establece: “ARTÍCULO 1º:- Prohíbase en todo el ámbito del Partido de Necochea el establecimiento temporal o permanente de espectáculos circenses o similares que ofrezcan con fines comerciales, benéficos o didácticos, ya sea como atractivo principal o secundario, la exhibición y/o participación de animales cualquiera sea su especie.

libre de humo, libre de nailon

La sanción de dos leyes en la Provincia de Buenos Aires ligadas al medio ambiente significa un avance muy importante en materia de salud para los bonaerenses. La primera tiene que ver con la prohibición de fumar en cualquier sitio cerrado de uso público, como lugares de trabajo, bares, restoranes, establecimientos educativos, shoppings y estaciones de transporte. Con esta norma, quien pretenda encender un cigarrillo no le quedará más remedio que hacerlo en la calle o en su casa.

Esta ley prevé fuertes multas para los infractores. Pero no serán aplicadas a los fumadores que sean sorprendidos con un cigarrillo encendido sino a los propietarios o responsables del lugar en el que se estaba cometiendo la infracción. Las multas se fijarán en paquetes de la marca más cara comercializada en el país, e irán desde los 250 a los 1.000 atados. En caso de reincidencia, la sanción será de 2.500 atados.

Esta medida incidirá en la calidad de vida de millones de otras personas que no fuman y hoy comparten los efectos del humo en bares, restaurantes y lugares de trabajo. De hecho, ése es el objetivo principal de una iniciativa que indirectamente también protege a quienes fuman.

Desde esta perspectiva no hay pérdidas posibles. En una provincia como la nuestra, donde el tabaco no genera empleo, una ley 100% libre de humo es todo ganancia: gana la población en salud y, por lo tanto, gana también el sistema sanitario ahorrándose millones de pesos al año en recursos para tratar enfermedades asociadas al tabaquismo, establece uno de los fundamentos de la ley.

Municipios cercanos al nuestro, como Tres Arroyos y Coronel Pringles, convirtieron a sus ciudades en “libre de humo” y desde hace muy poco tiempo no se permite fumar en ningún tipo de espacio cerrado, sean oficiales o privados. Es de esperar que iniciativas de este tipo tengan eco a corto plazo en nuestro medio.

La otra ley que fue sancionada hace escasos días en la Provincia de Buenos Aires obliga a los comercios a cambiar las bolsas de polietileno, que hoy son entregadas para el transporte de mercaderías, por contenedores de material desagradable o biodegradable que reduzcan el impacto en el ambiente.

En el caso de los hipermercados, supermercados y minimercados de venta al por menor, el plazo para el remplazo de las bolsas será de 12 meses, en tanto que los comercios más pequeños tendrán hasta 24 meses para hacerlo. La norma prevé además la aplicación de sanciones (multas y clausuras) para quienes, superado ese plazo, sigan entregando bolsas de polietileno a sus clientes.

La esencia de la norma no es sólo para eliminar una bolsa de polietileno, sino que significa asumir que nuestros hábitos de consumo están afectado el planeta y es momento de cambiar. Sin embargo, también hay que reconocer que, en muchos casos, la aparición de estas pequeñas bolsas en cualquier sitio se debe a un sistema de manejo de residuos obsoleto y desaprensivo como son los basurales a cielo abierto (que también deberán desaparecer, según lo establece la ley de gestión de residuos sólidos de la provincia de Buenos Aires) y de una escasa cultura ciudadana que poco contribuye a la higiene del medio.

Es imperioso comprender que vivimos en un espacio limitado y que es necesario evitar la desmesurada cantidad de bolsas que cada año se acumulan en nuestro planeta. Sin duda, abandonar el uso de bolsas plásticas representará un esfuerzo para el conjunto de los habitantes, ya que constituye un hábito muy difundido, y la ventaja de dejar de usarlas puede no ser todavía tan evidente.

Estos cambios necesariamente deben ser acompañados de un proceso de información adecuada y enmarcados en una política cuyo objetivo sea desalentar el uso del packaging innecesario en todos los productos que utilizamos. Se trata de una iniciativa que debe ser alentada e imitada porque promueve que todos los sectores de nuestra sociedad comiencen a sensibilizarse con este tipo de acciones que tienen por objetivo promover una actitud responsable frente al planeta y las generaciones futuras.

La implementación de esta ley en nuestra ciudad también sería una acertada actitud.

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